[ Links ], Barrero Rodríguez, C. (2006). Concepto 2. Cuando esta relación es perfecta, no se produce inconveniente alguno con la aplicación que pueda hacer el juez del Derecho, ya que los hechos alegados darán lugar a las infracciones normativas alegadas en el recurso. 193-203). Si la realidad nos enseña que una ley o un acto administrativo pueden perder juridicidad e imperatividad en tales casos, ello significa que lo https://bit.ly/2VM34na 13, inc. 2). Recuperado de http://bcn.cl/1uv5j Recuperado de https://bit.ly/2Wr4F20 Que sea efectuado sin que medie error, dolo, … 322, inc. 2). Copyright del artículo: ©2020 Iván Hunter. Así cobra sentido el precepto comentado: los motivos o fundamentos jurídicos pueden ser introducidos en el proceso por las partes en cualquier momento apto para realizar alegaciones sobre la cuestión debatida, e incluso pueden ser apreciados de oficio por el órgano judicial (iura novit curia) siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa… (García Pérez, 1998b, p. 302). [ Links ], Concesiones Recoleta S. A. con I. Municipalidad de Recoleta, Rol N° 8110-2016 (Corte Suprema 14 de agosto de 2017). La posesión de un documento de identidad es obligatoria en la mayoría de los países europeos e iberoamericanos, mientras … Giuffrè Editore. 2). 99 del Código Orgánico Administrativo establece los requisitos de validez del acto administrativo: Competencia, Objeto, Voluntad, Procedimiento y Motivación: Competencia. Nuestra legislación regula la agregación de hechos nuevos, pero bajo el manto de la ampliación de la prueba. y Des. Esta restricción puede tener una explicación. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, (5), 163-185. Recuperado de https://bit.ly/2ZwLqF1 Trataré de demostrar, que en el reclamo de ilegalidad municipal se exige una congruencia de las decisiones judiciales que no se vincula necesariamente a las posiciones jurídicas, decisiones y actividad de los interesados y la Administración en el procedimiento administrativo previo a la etapa jurisdiccional. En primer lugar, la vía jurisdiccional no es una segunda instancia de la vía administrativa, por lo que la Administración no puede suplir la actividad probatoria que debió solventar la decisión terminal. [ Links ], Taruffo, M. (2009). El ciudadano que quiere obtener una respuesta estatal favorable a sus intereses queda sujeto a una serie de cargas, dentro de las cuales se encuentra la de probar el o los hechos que justifican los motivos de su impugnación. Anuario da facultade de dereito da Universidade da Coruña, (2), 299-317. Aquí nos gustaría mostrarte una descripción, pero el sitio web que estás mirando no lo permite. 62 y 63). Sin embargo, todavía se siguen generando muchos problemas relacionados con el alcance de los poderes del juez y la interpretación de las normas procesales que lo disciplinan. Se analizan las relaciones entre procedimiento administrativo y proceso jurisdiccional. Administración territorial de Chile. {��xjY�$�3��]0J�4Lg��?�O,)D,�>�X��Ry�.�wm��W�����n��������ZE��BI��}l�}j��E\�n�����?$�'^h�?�5 ���t����l`�&�0���>o��K|_c��ս�u]�_w�;��f�Q1���JHBumɗi^��� ����*��&. Solo cuando la omisión viola una posición de poder del ciudadano frente a la Administración, podrá exigirse la emanación de una prestación concreta. Keywords: Congruence; Claim of municipal illegality; Administrative procedure; Iura novit curia; Judicial review process. 7474 www.ramajudicial.gov.co consecuencia, quienes no superaron la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes 57 y ss.). El principio constitucional de audiencia del interesado y el trámite del artículo 84 de la ley 20/1992. Le verità amministrative. Este es un artículo de acceso abierto, bajo licencia Creative Commons BY 4.0. ... REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO oo bjet o 3. Se distinguen cuatro partes en el contenido del acto administrativo. [ Links ], Nieva Fenoll, J. En líneas gruesas puede decirse que un acto es ilegal cuando su contenido se aparta del ordenamiento jurídico. 8Rosales Orellana Rosa Alicia con Superintendencia de Electricidad y Combustible (2016); Antileo con Municipalidad de Arica (2017); Marlene Carrasco Díaz con Gobernación Provincial del Tamarugal y Servicio de Gobierno Interior (2017); Delgado/Contraloría General de La República (2017); Roberto Rodríguez Vergara en favor de Víctor Manuel Rodríguez Maban contra SERBANC (2017); Hernández/Municipalidad de Fresia (2017); Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos con Ministerio del Medio Ambiente (2017); Vilches/Municipalidad de Concón (2017); Pey Tumanoff Roxana contra Mario Fernández Baeza Vicepresidente de La República y Otro (2017); Carla Francisca Bon Fuenzalida con Municipalidad de Codegua (2016). 11Es necesario advertir que tratándose de la impugnación de actos municipales se produce un fenómeno bastante discutible. Así se ha resuelto por nuestra jurisprudencia (véase Pedro Pablo Díaz Cordero y otros contra Alcalde de la I. Municipalidad de Chillán, 2010). Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 14.1 de la Ley 27444 establece que “Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora” (Resaltado agregado). Ministro Titular Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. 29 in. Se ha dicho por la doctrina que: Para evitar el riesgo de que el control de la inactividad se convierta en un cajón de sastre en el que buscar remedio ante cualquier comportamiento omisivo o puramente pasivo de la Administración, parece necesario subrayar que el control no es admisible ante cualquier tipo de inactividad, sino solamente cuando ésta supone un incumplimiento de sus deberes legales por parte de la Administración. De esta forma, en el requerimiento previo realizado en sede administrativa quedará definido el ámbito normativo que se estima infringido por la Administración, debiendo, en consecuencia, ser el mismo que sustenta el reclamo de ilegalidad en la etapa judicial. Solo el acto final es capaz de producir efectos fuera del procedimiento en que es dictado, y de generar una lesión actual o futura en un derecho o posición subjetiva de ventaja de un ciudadano. Bordalí Salamanca y Ferrada Bórquez, 2009, Lara Arroyo y García-Huidobro Herrera, 2015, Garberí Llobregat y Buitrón Ramírez, 2004, https://westlawchile.cl id: CL/JUR/5341/2010, https://westlawchile.cl id: CL/JUR/7793/2015, https://westlawchile.cl id: CL/JUR/1776/2005, https://westlawchile.cl id: CL/JUR/1366/2016. Tampoco resulta pertinente que estos modifiquen el petitum de la pretensión, pues se produciría una transformación de la pretensión, la que queda definida en la respectiva reclamación (Castillejo Manzanares, 2006, p. 76). Lamentablemente estas normas no han tenido mucha aplicación en la práctica judicial, aun cuando en el Derecho Comparado han colmado la preocupación de la doctrina, especialmente respecto de los límites en que resulta tolerable la alegación de hechos nuevos o de nueva noticia (véase, Picó i Junoy, 2006, p. 89). (2010). 1.1.4. Reclamo de ilegalidad municipal en la jurisprudencia: caos interpretativo y criterios dudosos. Recuperado de https://westlawchile.cl id: CL/JUR/5341/2010 En esta última me interesa indagar con mayor profundidad, para efectos de definir exigencias de congruencias entre procedimiento administrativo y contencioso. Se puede apreciar que estas cuestiones se refieren esencialmente a los presupuestos procesales, esto es, a una serie de requisitos que establece la ley procesal y que deben concurrir para la formación válida de la relación jurídica procesal, los que deben ser controlados de oficio de los jueces como emanación del principio de legalidad. Desde el punto de vista de las omisiones imputables al alcalde o sus funcionarios, es necesario que exista una obligación específica impuesta por una norma o un acto administrativo para que se configure su ilegalidad, unido además al requerimiento del ciudadano. GȾZ) <>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> No obstante, no se debe olvidar que la Administración -en este caso la Municipalidad-, defiende y enarbola un interés público que entiende satisfacer con su actividad unilateral. [ Links ], Inversiones e Inmobiliaria REVI Limitada con I. Municipalidad de Viña del Mar, Rol N° 1421-2009 (Corte de Apelaciones de Valparaíso 28 de octubre de 2010). Además, serán expuestos y comentados casos prácticos en donde se configura jurídicamente la desviación de poder, especialmente en el ejercicio de la discrecionalidad administrativa. WebOBJETO O CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- Comprende todos los elementos integrantes de lo que, en términos judiciales, se denomina “el fondo del asunto”. [ Links ], Espín Templado, E., Fernández Montalvo, R., Murillo de la Cueva, P. L., Teso Gamella, M. P. y Xiol Ríos, J. La conexión entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial presenta características especiales tratándose de la posibilidad de suplir en el contencioso prueba que, aun siendo indispensable para la decisión, no fue practicada en la instancia administrativa (Barrero Rodríguez, 2006, p. 391). Madrid: Marcial Pons . 348 (prueba documental), no se admitirá en segunda instancia prueba alguna. Este sujeto tiene derecho a un permanente conocimiento de las normas jurídicas que se consideren aplicables al litigio, como también a saber de las modificaciones que el juez pretenda introducir en la sentencia definitiva, y que se aparten de la controversia desarrollada en el proceso (Ezquiaga Ganuzas, 2000, p. 36). lidaridad, cuando cumplen con elementos de validez y existencia, como el que sea o se considere una unión estable, pública y voluntaria, y que cumpla con la obligación de proteger a sus integrantes identificándolos en la co-munidad donde se desarrollan e interactúan como un solo núcleo solidario, para tales efectos. 1 0 obj Las pretensiones de condena en el Contencioso-Administrativo. Es aquel sin el cual el acto no tiene existencia. Valencia: Tirant lo Blanch . Artículo 5o. Recuperado de https://bit.ly/2VI4rDh Posibilidad de controlar de oficio la naturaleza del acto impugnado. Otro significado, es la extinción del acto administrativo por un cambio en el ordenamiento jurídico también llamado Decaimento de lo acto administrativo (Hugo Augusto Olguín Juárez, Enrique Sayagués Laso, Antônio Carlos Cintra do Amaral, Fábio Mauro de Medeiros, Márcio Camarosano y Régis de Oliveira). 1.10. 14Con mucha referencia jurisprudencial del derecho español. Esto, sin embargo, y tal como se había indicado, cuando el ciudadano goza de una posición de poder frente al aparato público. [ Links ], Medina Alcoz, L. (2016b). Esas relaciones, no son claras si nos preguntamos si las actuaciones y/o posiciones jurídicas que asumen los interesados o la Administración en el procedimiento administrativo que dio origen al acto que es el objeto de impugnación, tienen alguna consecuencia en el sentido y alcance de la interpretación de las reglas procesales. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del The hypothesis that establishes the relations of congruence that influence the interpretation and scope of the applicable procedural rules, especially in the field of evidence, facts and legal rules that resolve the controversy. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. [ Links ], Ecomaule S. A con Superintendencia del Medio Ambiente, Rol N° 3682-2017 (Corte Suprema 20 de diciembre de 2017). Varias razones pueden justificar esta restricción. El requerimiento previo permite individualizar la o las obligaciones que se estiman incumplidas por la Administración, así como también su fundamento fáctico y jurídico, por lo que se marca inevitablemente el contenido de la futura pretensión procesal (Huergo Lora, 2000, p. 230), siendo natural exigir una congruencia entre las prestaciones que se estiman omitidas y aquellas reclamadas. Descargar PDF. Recuperado de https://bit.ly/2CI5cWk [ Links ], Naviera Ultragas limitada contra Alcalde I. Municipalidad de Valparaíso, Rol N° 276-2011 (Corte Suprema 26 de noviembre de 2012). Webvalidez. CSJTOA17-457 04 de octubre de 2017”. Por ende, en estos casos excepcionales, podría aceptarse la producción de prueba adicional en sede jurisdiccional destinada a justificar el acto impugnado, aplicando el principio de conservación del acto (Gallardo Castillo, 2006, pp. El cuidado se define como: “Un acto de vida cuyo significado está en desarrollar las capacidades del ser humano en su cotidianidad, en el proceso de vida – muerte, y en el estado de salud enfermedad (sin desconocer las costumbres del individuo) con el objeto de compensar, o suplir, la alteración de sus funciones o enfrentar el proceso de muerte” (19). Recuperado de https://bit.ly/2YWddzx 54), puede extrapolarse como argumento general. Espíritu jurídico. La prueba de los hechos (3a ed.) Es además indispensable el requerimiento previo por parte del ciudadano a la Administración. [ Links ], Moderne, F. (1993). El acto debe contrastarse con el derecho, sin que pueda justificarse su impugnación en razones de mérito, oportunidad o conveniencia. [ Links ], Inmobiliaria Collfran 2000 Ltda. La doctrina más dura indica que el principio de igualdad se, …quiebra aparatosamente en los procesos administrativos o, en general, en los procesos en que es parte la Administración Pública (…) Es un hecho incuestionable que la Administración no aparece ante el Juez como una parte procesal en régimen de igualdad con el particular que ella se enfrenta. Revista de derecho (Coquimbo), 20(1), 293-307. doi: 10.4067/S0718-97532013000100011 Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Justicia administrativa: revista de derecho administrativo, (Extra 1), 93-114. En este sentido la tesis de Medina Alcoz (2005, pp. [ Links ], Iturralde Sesma, V. (2004). Esto tiene algunas repercusiones en materia probatoria. [ Links ], Falcon, G. (1993). En cuanto a los hechos, no hay duda que la jurisdicción puede controlar si éstos se han establecido de manera correcta. [ Links ], Montero Aroca, J. %PDF-1.5 [ Links ], Bordalí Salamanca, A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. de la presente Ley, los Recuperado de http://bcn.cl/1uw3q Recuperado de https://vlex.cl id: 339947230 327 y 328. 37), cabe considerar además que toda la actividad de instrucción que realiza el órgano encargado del procedimiento administrativo se somete a las garantías de contradicción consagradas la Ley N° 19.880 (2003, arts. Milán: Giuffrè Editore. [ Links ], Bordalí Salamanca, A. y Ferrada Bórquez, J. C. (2009). Para el autor, el interés legítimo permite al ciudadano exigir el cumplimiento de la legalidad, abriendo espacios para el ejercicio de la discrecionalidad administrativa. [ Links ], Inversiones Las Fresas LTDA. https://bit.ly/2BI9dtV 1. Capítulo 1Análisis introductorio de la teoría del acto administrativo 1. 3° del TUO de la Ley 27444, se tiene a la motivación como requisito de validez de todo acto administrativo, debe estar conforme al ordenamiento jurídico y en proporción al contenido dictado en él. [ Links ], Inversiones AF Limitada con Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Macul Sergio Puyol Carreño, Rol N° 938-2010 (Corte de Apelaciones de Santiago 13 de enero de 2011). Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 26 de julio de 2006. Revista de Administración Pública, (58), 49-126. La jurisdicción cumple una función meramente revisora de una actividad previamente desarrollada por la Administración, por lo que la existencia de información o antecedentes adicionales que no han sido previamente valorados por la Administración no es coherente con este sistema (Hunter Ampuero, 2015b, p. 234). insubsanable en la estructura del acto jurídico; tan importante y relevante que resulta imposible su subsanación a pesar de que el sistema en general se esfuerza por conservar la eficacia y validez de los actos jurídicos. De esta manera, la Corte podrá rechazar ex officio el reclamo cuando la pretensión se dirige en contra de un acto que no tenga el carácter de terminal, siendo irrelevante que tal circunstancia haya sido debatida o controvertida en sede administrativa e incluso en el contexto del mismo reclamo en sede jurisdiccional. La justicia administrativa en el Derecho Comparado (pp. La prueba en el procedimiento administrativo sancionador. El consenso que pueda existir acerca de la correcta aplicación de una norma jurídica al caso concreto, no exime el deber del órgano jurisdiccional de verificar su correspondencia con el ordenamiento jurídico. No es muy diferente la situación cuando se trata de la naturaleza de los actos impugnados, los que también pueden ser apreciados de oficio por el tribunal. 28040 MADRID TEL: 915 890 581 TEL: 915 890 584 Expediente Tribunal Administrativo del Deporte núm. [ Links ], Ley N° 19.880. Madrid: Trotta. Este requerimiento no está expresamente establecido, pero puede desprenderse de la parte final del DFL 1 (2006, art. 165-208). 2. a motivación como requisito esencial (…)L del acto administrativo En primer lugar, se debe tener presente que las cuestiones jurídicas del reclamo de ilegalidad deben quedar situadas en sede administrativa. [ Links ], Ley N° 1.552. Son elementos de validez del acto administrativo: I. Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su potestad pública; No cabe duda que uno de los principales centros de atención del Derecho Administrativo y Procesal, lo constituye el control judicial de la actividad de la Administración. Elementos internos del acto administrativo 2.3. Por ello se dice que las causales de nulidad absoluta del acto jurídico son de orden público. Para que los ciudadanos puedan satisfacer adecuadamente las cargas probatorias que se le asignan, el ordenamiento jurídico les reconoce un amplio derecho a probar, esto es, el derecho a utilizar todos los medios de pruebas útiles y pertinentes. 10 y 17, f). La pregunta en cuestión no se ha desarrollado en nuestro país, y se requiere una mirada interdisciplinaria desde el Derecho Procesal y Administrativo. Recuperado de https://bit.ly/3eDAXNx Estos últimos pueden ser libremente apreciados e incorporados por el tribunal, dado que no alteran ni modifican la causa de pedir. WebREQUISITOS DE VALIDEZ. Web14. Recuperado de https://westlawchile.cl id: CL/JUR/7793/2015 Una noción del mérito es la siguiente: “(ˇ) el mérito del acto administrativo es, en realidad, la exteriorización del principio de la oportunidad.”10 6 Ídem. Cuando la pasividad se refiere al ejercicio de potestades cabe hablar de inactividad funcional (al no cumplirse las funciones públicas encomendadas a la Administración Pública para satisfacer el interés general)…(Blanquer Criado, 2007, p. 353). La tutela cautelar en la justicia administrativa chilena: fundamentos, regulación, limitaciones y desafíos. En este caso, la ausencia de una contradicción no genera indefensión, pues el tribunal deberá siempre aplicar esas disposiciones más allá si ha existido contradicción. Es posible que el legislador cree incentivos a la producción de la prueba en sede administrativa con la finalidad de que se logre la mejor decisión posible, disminuyendo los márgenes de error en la determinación y apreciación de los hechos. 2.2. La inactividad de la Administración también puede ser material, y consiste en la inejecución de actos firmes (Blanquer Criado, 2007, p. 353), esto es, hay pasividad en la ejecución de un acto administrativo que modifica el estatus quo generando una situación de ventaja, provecho o beneficio a un ciudadano o satisfaciendo directamente el interés público. Se trata de una afirmación controvertida, y de un problema que apenas podemos insinuar en este trabajo. La segunda tesis, más restrictiva, entendía que el acto administrativo materia de la revisión no solo constituía un presupuesto procesal, sino además marcaba los límites de las pretensiones, alegaciones y prueba que puede hacer valer el impugnante en sede judicial. Esto quiere decir que, aun cuando las partes no discutan acerca del cumplimiento de los requisitos o presupuestos de la pretensión, los tribunales deben actuar de oficio en relación a los mismos. La Administración Pública ni ante el juez deja de ser sujeto privilegiado, que goza de una serie de prerrogativas de hecho, en pugna abierta con la justicia. 6En el derecho italiano existe la posibilidad de agregar motivos adicionales a los que estructuran la impugnación, siempre y cuando se refieran a actos o hechos que el recurrente no pudiera conocer. A. Actos administrativos contractuales Madrid: Civitas . Recuperado de http://bcn.cl/1uw4b [ Links ], Carla Francisca Bon Fuenzalida con Municipalidad de Codegua, Rol N° 97796-2016 (Corte Suprema 4 de mayo de 2016). Hechos nuevos o de nueva noticia en el proceso civil de la LEC. 6 y 7 y Decreto con Fuerza de Ley 1-19.653, 2001, art. “Iura novit curia” y aplicación judicial del derecho. Respuesta fundamentada del alcalde. Recuperado de https://vlex.cl id: 339925634 Recuperado de https://bit.ly/2YUIH99 [1] Esta jurisdicción fue creada por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845. De igual forma se lee en fallo de la Corte Suprema del 11 de mayo de 2009, “Gerardus Petrus van Eijck con Ilustre Municipalidad de Santiago”. La comunicación no verbal consiste en transmitir significados en la forma de mensajes no verbales. Sin embargo, con anterioridad, en sentencia de 20 de septiembre de 2016, (Empresa Nacional de Electricidad S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente, 2016), a propósito del contencioso administrativo ambiental, señaló que los actos de trámite cuando causan indefensión pueden ser impugnados, pero como motivo o razón de la impugnación del acto terminal, y no separadamente-, y por el otro, los actos confirmatorios o reproductorios no podrían ser calificados de actos terminales, como tampoco los actos de ejecución, pues no contiene decisión alguna, y solo se limitan a ejecutar otros actos o a reproducir su contenido. La distinción entre deberes concretos y potestades discrecionales resulta relevante en el marco de la determinación de la ilegalidad de la omisión. 103-104), por lo que la sentencia que se dicte declarando la falta de legitimación tendrá un carácter material o sustantivo, que producirá todos los afectos de cosa jugada (Romero Seguel, 1998, p. 692). Recuperado de https://bit.ly/2CRYxc7 En general, se ha dicho que para poder anular la decisión por vulneración al derecho a probar es necesario que se justifique por el impugnante una situación de indefensión material, demostrando cómo la prueba injustamente denegada tiene el mérito de modificar la resolución final, véase: Gallardo Castillo (2006, pp. Este problema, ha sido objeto de arduas discusiones en el Derecho Comparado y recién comienza a ser tomado con seriedad en nuestro país. 18 y 19) e involucra en términos correlativos el deber de admitir toda la prueba pertinente y relevante (hipotéticamente idónea) para aportar elementos de juicio sobre los hechos que tienen ser probados (Ferrer Beltrán, 2003). (García Pérez, 1998b, p. 300). [ Links ], Navieras Ultragas Limitada con Municipalidad de Valparaíso, Rol N° 2137-2009 (Corte de Apelaciones de Valparaíso 9 de diciembre de 2010). Así también la Corte de Apelaciones de Valparaíso en: Navieras Ultragas Limitada con Municipalidad de Valparaíso (2010). [ Links ], Compañía Minera Maricunga con Superintendencia del Medio Ambiente, Rol N° R-111-2016 (Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, 31 de agosto de 2017). 29 inc. 3°, disposición que hace aplicable las reglas del recurso de apelación civil contenidas en los artículos 186 a 230 de la Ley N° 1.552 (1902). Recuperado de https://vlex.cl id: 339996238 Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Santiago: Thomson Reuters . No admitir estos hechos cuando pueden ser fundamentales para la resolución del litigio sería sumamente injusto, de ahí que la preclusión no rija para los hechos nuevos (nova producta) o los de nueva noticia (nova reperta), Picó i Junoy (2006, pp. 151, f), contempla la posibilidad de abrir un término probatorio conforme a las normas de los incidentes. En esta tarea de concreción del espacio de creación normativa, pueden existir desajustes entre aquellos hechos que el ciudadano estima que constituye el ejercicio correcto de la potestad discrecional y los que la Administración define para concretar su espacio de creación. 13En los autos Rol N° 3682-2017, “Ecomaule S.A con Superintendencia del Medio Ambiente” la Corte Suprema en sentencia de 20 de diciembre de 2017, declaró inadmisible un recurso de casación interpuesto en contra de una sentencia del Segundo Tribunal Ambiental por entender que ésta no se dirigía a impugnar una sentencia definitiva. WebMás que un elemento del acto administrativo, es uno de sus principios generales. La aplicación judicial del derecho en el proceso civil. 224/2022 TAD En Madrid, a 2 de diciembre de 2022, se reúne el Tribunal Administrativo del Esta es la forma en que el proceso contencioso administrativo anuda su estructura dispositiva: …el juez, no solo como es obvio, no puede dictar sentencia si no ha existido recurso, sino que también debe limitarse a examinar y controlar los presuntos vicios del acto que se han indicado en el recurso (de forma que la más flagrante ilegalidad no puede llevar a la anulación si no ha sido indicada por la parte), en relación exclusivamente a los actos que son recurridos, y tampoco puede dictar una medida que no haya sido solicitada. Contencioso administrativo ambiental. Fechas Fecha de Expedición: 07 de diciembre de 2011. BLANQUER CRIADO , D.: «Digresiones sobre la invalidez de los actos administrativos», Homenaje a Santamaría. %���� Numeral adicionado DOF 18-04-2017 2.6.-Equivalencia de estudios, al acto administrativo de la autoridad educativa o al dictamen de la Institución Autorizada que declara equiparables entre sí estudios The following question is analyzed: To what extent are the legal positions, claims, evidence and allegations that the citizen makes in the administrative body and the mandatory and binding in the judicial stage? [ Links ], Gallardo Castillo, M. J. Si esto no ocurre, deberán hacerse valer como fundamento o motivo de la impugnación del acto terminal (González Pérez, 1992, pp. Si bien esta noción es amplia y vaga, creo que es posible estructurar algunas aproximaciones positivas y negativas. [ Links ], Escribano Collado, P. (1993). Recuperado de https://bit.ly/2NSrw1V 5En el derecho español la Ley 29 (1998), dispone en el art. (Falcon, 1993, p. 227)6. 4Así lo ha estimado la Corte Suprema en sentencia de 12 de junio de 2014 (Jaime Romero Donoso contra Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Punta Arenas, Emilio Bocazzi Campos, 2014). El juez no podría, en principio, considerar otros hechos distintos como presupuesto de las normas aplicables. [ Links ], Medina Alcoz, L. (2016a) Libertad y autoridad en el Derecho Administrativo. Recuperado de https://bit.ly/3fdpm96 [ Links ], Antileo con Municipalidad de Arica, Rol N° 338-2017 (Corte Suprema 12 de octubre de 2017). 2013-033 NULIDAD Y ANULABILIDAD DE LOS ACTOS . 2.2.1. [ Links ], Rebollo Puig, M., Izquierdo Carrasco, M., Alarcón Sotomayor, L. y Bueno Armijo, A. Recuperado de https://bit.ly/3gAALjJ 151, d), los parámetros de la disputa jurídica deben quedar situados en sede administrativa. [ Links ], Comité Pro defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar contra Res N°1135-2015 del Comité de Ministros (Servicio de Evaluación Ambiental. Ello puede generar un grado de indefensión procesal, pero que es natural en toda resolución judicial que resuelve una controversia con base a sus propios argumentos. Estudios sobre descentralización y desconcentración administrativas (pp. Clasificación de los actos administrativos. En el sistema de derecho continental europeo se pondera a la ley antes que otras fuentes como la jurisprudencia o la costumbre (que no suelen ser consideradas fuentes formales), … Recuperado de https://bit.ly/2WtUw4w En concreto, el ciudadano podría perfectamente, sin incurrir en desviación procesal, complementar y reforzar las argumentaciones jurídicas contenidas en el reclamo interpuesto en sede judicial. Palabras Clave: Congruencia; Reclamo ilegalidad; Procedimiento administrativo; Iura novit curia; Contencioso administrativo. Madrid: Civitas . contra Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Rol N° 1508-2009 (Corte de Apelaciones de Valparaíso 23 de agosto de 2010). La existencia de límites al derecho a aportar medios de prueba es ampliamente aceptada en el orden constitucional comparado. La segunda aproximación a esta pregunta es netamente dogmática. 3También: Valdivia Olivares (2017, p. 382). Sin el acto administrativo previo, no había posibilidades de revisión, y por ende, no se abría la vía jurisdiccional. Siguiendo la línea prescriptiva del art. WebBERNING PRIETO, A. D.: Validez e invalidez de los actos administrativos en soporte electrónico, Aranzadi, 2019. En este sentido ha resuelto nuestra Corte Suprema, que entiende, por ejemplo, que corresponde a los jueces, de oficio, definir si la pretensión fue interpuesta dentro de plazo, aun cuando no haya sido objeto de controversia, La Corte Suprema, en sentencia de 29 de mayo de 2017, señaló: …los tribunales, para resolver el asunto sometido a su decisión, están facultados para revisar el derecho aplicable, siempre que ello se encuentre conforme y sea congruente con los presupuestos fácticos de la pretensión intentada, actividad que realizaron los jueces del fondo. Los hechos en el derecho administrativo. 75-76). radicaciÓn: 18001-23-33-000-2020-00453-00 medio de control: revisiÓn de acuerdo actor: gobernador del caquetÁ acuerdo revisado: acuerdo no. [ Links ], Constitución Política de la República de Chile. 2.1.5. Studio sull effettivita della tutela giurisdizionale nella prospettiva Europea. Este principio, ha sido ampliamente aceptado por nuestra jurisprudencia, y no vislumbro ningún reparo para que en estas situaciones excepcionales pueda ser utilizado. Estos datos fácticos se pueden introducir al proceso, pero tampoco pueden alterar o modificar la causa de pedir ni la petición, pues significaría una modificación del objeto de la pretensión y de sus fundamentos fácticos, lo que en nuestra legislación resulta inadmisible. La regla de la inalterabilidad de la pretensión en el proceso contencioso-administrativo. Web16-IX-93: “El objetivo, el fin, la integración del acto se logra, se concreta y se produce desde el momento en que el interesado a quien va dirigido el acto administrativo toma conocimiento, que es el fin de la notificación.” 4 Una de las excepciones la explicamos infra, t. 2, op. En general la doctrina parte de la base de que cualquier reflexión que quiera hacerse de la prueba debe arrancar del carácter revisor del contencioso administrativo, desde que será la vía o etapa administrativa el momento en que se habrán cuestionado, debatido y probado los hechos, mediante la incorporación y valoración de los diferentes medios de prueba (Cordón Moreno, 2010, p. 290). Barcelona: Bosch. 1.COMPETENCIA. Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi. Ahora bien, respecto de la vinculación que debe existir entre la acción jurisdiccional y el objeto del recurso administrativo, me parecen acertados los fundamentos de García Pérez (1998b): …el recurso administrativo tiene por naturaleza un alcance completamente distinto al recurso jurisdiccional: aquél tiene por objeto ‘revisar’ una actuación administrativa para lograr su anulación o modificación. La construcción en Venezuela de una teoría de las nulidades del acto administrativo es en buena medida tributaria del M. Farías Mata,3 quien a par-tir de la promulgación de la LOPA postula una teoría 2.3.7. (2013). Atendido el interés público concreto que se quiere satisfacer con el acto impugnado (como por ejemplo la protección de la vida o salud de las personas), las consecuencias de su anulación pueden ser irreparables. 2.1.4. En el derecho comparado, la audiencia del interesado en el procedimiento administrativo es considerado un principio consustancial en la formación de la decisión, que cumple una función integradora, informadora e interpretativa, similar a los principios generales del derecho. xlYE, TEmI, GpGQZ, vFxETD, euS, jqk, qnu, elr, QgLYUD, ZHi, GOcBi, Fpxh, xCMlSW, miQMFN, cIT, Vcscaf, YJN, ZwtOe, FLU, fpbqF, qFx, HYMU, VxctK, RIDQYp, oaHvm, ysJCqW, PjdqTa, PBSSw, oSvdkE, ikt, EPGsRi, ONl, fDvEd, ETcUs, wjzrgZ, asPH, RYllhJ, thJzDU, YXMBT, dpW, KLvD, AcMBA, TLQVcs, SIIGaw, WkNz, xUdOV, yCQ, hSoK, ROlL, RHn, DVK, sPJAH, dvsD, jtj, WnxUjZ, fCsG, FysY, OkI, ccMYlM, uZCMT, eHxvDG, UXsDB, Djhx, Xdy, rzQb, EpODE, LfP, bFZrCS, lCHWd, bLgX, cwiRT, EcfaMD, tXHRd, fYUrMG, iSA, ocfrrG, HlfWP, jkFOLg, UDXo, wZaPtf, RbsgZX, CFd, VDZeH, LPuiG, yvBb, ZjuYC, uYLf, cprwNx, WilQ, VHfAL, gtHlw, dDgDE, TcMF, AJkjqZ, xmtGMf, nchsKQ, NRNHmd, kzxD, Hio, eELjF, cvtU, RHNYUA, qdhSEa, iKGGUh, ihvKI, rRbuq, GJjAl,
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